Estado, Iglesia y Dinero

A pesar de la discreción de las conversaciones, era esperado el reciente acuerdo entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal para la financiación de la Iglesia que actualiza el porcentaje de asignación tributaria: del 0,5239 al 0,7% en el IPRF desde 2007. Este incremento, del 34%, no es exagerado si se tiene en cuenta que la Iglesia sostiene, desde que lo decidió unilateralmente el gobierno de Felipe González, que el ratio 0,52% estaba erróneamente calculado (en Italia es 0,8); por este incremento, desaparece el complemento presupuestario y la Iglesia renuncia a la exención del IVA. El acuerdo debe ratificarse en el Parlamento en el proyecto de ley de Presupuestos Generales para 2007.
Ayudar a la financiación de la Iglesia es un hecho común en el mundo occidental. En nuestro caso, se cumple un tratado internacional entre el Estado español y el Vaticano, aprobado por unanimidad en el Parlamento, y que, históricamente, nació como reparación a la injusta expropiación que sufrió la Iglesia en sus bienes. También, así se lleva a la práctica el artículo 16 de la Constitución que reconoce a los españoles el derecho de libertad religiosa -la religión católica como un bien social positivo- y, por tanto, el deber de dotar ese derecho para que los ciudadanos puedan ejercerlo; de modo parecido a como se financian partidos políticos o sindicatos para poder ejercer la libertad política o sindical.
El gobierno no regala dinero a la Iglesia. La Iglesia no tiene privilegios fiscales y no paga el IBI o el Impuesto de Sucesiones porque goza de un régimen fiscal similar a una fundación. Se mantiene el principio de voluntariedad del contribuyente. Los fondos públicos pertenecen a los ciudadanos y no a los gobiernos, que son sus gestores; el Estado es un mero trasmisor de la voluntad de los contribuyentes, católicos o no, y los canaliza a donde éstos deciden. Por el nuevo modelo se entrega directamente a la Iglesia 140 millones de euros (4.500 recibe en Alemania), una cantidad muy inferior a los desembolsos del Estado a partidos políticos o sindicatos. Este ingreso cubre un 25% de las necesidades del culto y clero de la Iglesia, pues la parte principal de sus ingresos procede de colectas, suscripciones y aportaciones de fieles.
También, algunas de entidades eclesiales reciben subvenciones de entidades públicas para gastos concretos, que interesan a ambas partes: por ejemplo restaurar edificios del Patrimonio Artístico, o el pago de servicios religiosos en hospitales, cuarteles o centros penitenciarios.
Muchos ciudadanos demandan sus servicios a la Iglesia. Mas de 285.000 niños se bautizan al año, 160.000 novios se casan en la Iglesia, 265.000 niños hacen su primera Comunión, hay 300.000 entierros, 7 millones de personas van a misa cada semana. Todos esos actos reclaman una trabajo estrictamente religioso y parece lógico que los ciudadanos sostengan unos servicios que fomentan las virtudes cívicas y elevan el rango ético social.
Es indudable la generosidad y eficiencia de la Iglesia hacia los más necesitados. Mas de 2,5 millones de personas son atendidas cada año en sus centros asistenciales y por algo los pobres están a la puerta de las iglesias y no de otros entes más adinerados. Es una lástima que ahora no se informe del dinero que la Iglesia revierte sobre la sociedad y ahorra al sector público (alguien afirmó en su día, y nadie rebatió, la cifra de 36.000 millones de euros).
De este pacto se beneficiarán por ósmosis muchas ONG’s y las confesiones con Acuerdo de Cooperación (Islam, Judaísmo y Protestantismo). El gobierno pierde un medio de presión, la Iglesia gana en libertad y los católicos deben crecer en responsabilidad, lo cual es siempre es muy bueno.
Quedan hilos pendientes en el acuerdo: Es necesario que se pueda contrastar la autenticidad de los datos que ofrezca Hacienda, que debe ser imparcial. Recordemos como en junio pasado el Ministerio envío por “error”, a millones de declarantes, el borrador de su declaración fiscal con la casilla ya marcada, siempre en perjuicio de la Iglesia.
A unas semanas de las elecciones catalanas y a meses de las autonómicas, muchos piensan que el acuerdo es un intento electoral del ejecutivo por cicatrizar “la herida” causada a los católicos con algunas leyes promulgadas por el gobierno. Otros se sienten decepcionados y “amenazan” en la votación de la ley en el Parlamento. En cualquier caso, es patente el mucho bien que hace la Iglesia, sin hacer daño a nadie.
Sin embargo, ¿por qué esa maraña de informaciones distorsionadas, medias verdades, que siempre predisponen contra la Iglesia? Es bueno para todos evitar la hostilidad y pasar a una relación cordial entre ambas instituciones.
Carlos Moreda de Lecea